En muchas ocasiones hemos tratado conceptos relativos a la deuda y a los propios deudores y acreedores. En este post vamos a centrarnos en qué es el derecho de cobro y cómo afecta a cada una de las partes y, por supuesto, cómo se puede poner solución a un tema de estas características. Un tema de tanta actualidad como la reclamación de estos derechos de cobro. 

Conocemos como derecho de cobro el derecho a recibir un pago por parte de un deudor. El derecho mismo de este pago radica en las manos del acreedor. Aquella persona física o jurídica que ha prestado sus bienes y/o servicios. Por lo tanto el determinado como deudor, que a su vez, también puede ser una persona física o jurídica, tiene la obligación de asumir y responder ante ese pago que ha contraído previamente. 

De esta relación, la importancia de conocer bien a la otra parte con la que se va a iniciar una labor o relación comercial. La necesidad de fijar un contrato donde todos los aspectos de este intercambio queden reflejados para que el cobro de los mismos sea simple y en la fecha establecida. En todos los casos, si el acreedor ha facilitado bien sus servicios o bienes por los que ha sido contratado, el deudor debe responder. La figura del acreedor está directamente relacionada con su derecho de cobro y por supuesto, en el caso de que el deudor no responda por ello, a su posibilidad de reclamarlo. 

En estos casos resulta muy útil la verificación en uno o varios ficheros de morosos, como el Registro de Impagados, de la persona física o jurídica con la que se va a entablar esa relación laboral o comercial. De este modo sabremos en qué estado se encuentran sus finanzas y si tiene a sus espaldas alguna deuda que ya nos haga ponernos sobre aviso. 

Garantías y su relevancia

Los derechos de cobro pueden conllevar también una garantía de cara a los acreedores. Hablamos de garantías legales para las personas o empresas, y que por tanto el propio Ordenamiento recoge, de cara a tratar de asegurar al acreedor su derecho a cobrar. 

Podemos encontrar diferentes tipos de garantías de cobro que prevé la ley: por un lado nos encontramos las garantías personales (aval y fianza) y por otro, las garantías reales (prenda e hipoteca).

Garantías reales

Las garantías reales son aquéllas que permiten al deudor responder frente al acreedor con bienes personales y tangibles. La más común y habitual, y la que es más conocida por la sociedad en general, es la garantía hipotecaria, en la que el deudor presenta como garantía del cumplimiento de su obligación de pago un determinado bien inmueble cuyo valor pueda cubrir, en caso de incumplimiento, la suma a que ascienda la obligación incumplida.

Por otro lado, cuando nos referimos a la prenda, hablamos de otro derecho real que pretende garantizar el derecho de cobro del acreedor que, en este caso, será un crédito pignoraticio asegurado mediante la atribución al acreedor de la facultad de hacerse con la cosa pignorada que, en este caso, será un bien mueble, en caso de incumplimiento del deudor.

Por último, nos encontramos con la anticresis, figura parecida a la prenda pero en la que la garantía recae sobre un bien inmueble, pudiendo el acreedor, en caso de impago del deudor, resarcirse mediante los frutos que produzca dicho bien.

Garantías personales

En cuanto a las garantías personales, van referidas a los casos de asunción por un tercero de la obligación de responder frente a la deuda, conjuntamente con el deudor principal, ya sea de manera subsidiaria o solidaria.

La más habitual de las garantías personales es la fianza, mediante la que se constituye la obligación para una determinada persona de cumplir la obligación de pago de otra, para el caso de que ésta no lo haga. También es posible pactar que ambas personas, deudor principal y fiador, respondan solidariamente frente al acreedor, pero si no se hace ese pacto expreso, se entiende que la fianza tendrá el carácter de subsidiaria. Manteniéndose esta subsidiariedad, el fiador, para el caso de que se vea compelido por el acreedor a pagar, podrá exigir que previamente se explore la posibilidad de que el deudor principal pueda pagar, y que en caso contrario se acredite su estado de insolvencia, lo que se conoce como el beneficio de excusión del fiador. Por supuesto, una vez realizado el pago por el fiador, nacerá la acción del mismo frente al deudor principal para resarcirse del pago realizado.

Por otro lado, el aval presenta las mismas características que la fianza, con la diferencia fundamental de que el avalista garantiza, específicamente, el pago de una deuda instrumentalizada mediante letra de cambio, cheque y pagaré.

¿Es posible la cesión de derechos de cobro?

Hablamos de la cesión de créditos como el negocio jurídico a través del cual un acreedor cede a otra persona, física o jurídica, la titularidad de sus derechos de crédito. Por lo tanto en ese momento en el que se transfieren esos derechos de los que hablamos, la titularidad de los mismos cambia a este nuevo individuo o empresa, convirtiéndose en el actual acreedor. Por lo tanto si el poseedor del derecho de cobro decide cederlo a un tercero es perfectamente legal siempre y cuando todo quede debidamente documentado y certificado por la Administración.

Este traspaso debe realizarse siguiendo el marco legal el cual establece que debe quedar todo redactado y documentado en un contrato donde se establezca el derecho de cobro al que se refiere el acreedor y a quién lo transfiere o directamente también cediendo dicho derecho de cobro que se contrajo y se especificó en el documento de pago en el momento que se acordó la operación comercial, informando al deudor del cambio ocurrido en la persona del acreedor.

Reclamación de los derechos de cobro 

Del mismo modo que se asumen y figuran como garantía ante una transacción comercial, en muchos momentos los deudores no responden ante las deudas que tiene contraídas con uno o varios acreedores. Generando mucha inestabilidad dentro de la propia estructura empresarial del acreedor, ya que contaba con ese ingreso al haber ofrecido sus bienes y/o servicios correctamente. 

En cuanto a la Administración Pública, debemos hacer referencia a la Ley de Contratos del Sector Público (LA LEY 17734/2017 ARTÍCULO 200 LCSP) donde se detalla que el contrato se entenderá y se dará por cumplido por el contratista cuando este haya realizado la totalidad de la prestación y exista constatación en plazo por parte de la propia Administración de la recepción o conformidad de la entrega o realización del objeto del contrato. 

En este punto es imprescindible, lo que hemos comentado con anterioridad, el poder tener un punto desde donde partir y donde haya quedado reflejado por escrito esa relación comercial, un contrato. Y exprimir al máximo las opciones que tenemos de reclamar ese impago y ese derecho a cobro que tenemos por una vía extrajudicial. Agotar todas esas opciones por una vía algo más amigable para que no tengamos que caer en el proceso algo más tedioso y largo que lleva hacerlo en los tribunales. 

Para ello podemos optar por reclamar esos derechos de cobro por escrito ante nuestro deudor a través de emails o llamadas telefónicas. Si no funciona pasar a realizarlo a través de burofax. Y si no, siempre es una muy buena herramienta ante estas situaciones el poder contratar a una empresa de reclamación de deudas. Son empresas especializadas que, por vía extrajudicial, ayudan a los acreedores a recuperar sus impagos, siempre y cuando todo esté debidamente documentado y certificado. 

En esta vía extrajudicial, es importante reseñar el papel que han adquirido los ficheros de morosidad que están apareciendo para uso generalizado de todo tipo de empresarios, autónomos y profesionales. Desde el punto de vista del sector jurídico, el Registro de Impagados Judiciales (RIJ) funciona como un elemento de gran valor frente a los impagos que se encuentren acreditados mediante una resolución judicial firme, y puede ser utilizado por los profesionales del Derecho para tratar de asegurar sus propios derechos de cobro y los de sus clientes.

Muchas veces se cae en la desidia cuando las cuantías que los acreedores tienen pendientes no son muy elevadas, o llevan tiempo incumplidas, o el resto de vicisitudes del día a día desplazan en el tiempo, indefinidamente, las acciones de reclamación de los impagos. Y precisamente por no entrar en procesos de reclamación de estos derechos de cobro, se quedan en el aire. No van a más y el deudor puede llegar a acumular varios en su haber. Es conveniente no olvidar que cualquier impago, cierto, vencido y exigible, se puede reclamar, y que, sin alcanzar ninguno el 100% de eficacia, existen hoy en día mecanismos, algunos muy conocidos, como la vía judicial, otros novedosos y que ya están demostrando su gran eficacia, como los ficheros de morosos del tipo del RIJ, que se pueden utilizar para lograr la satisfacción de los derechos de cobro. Todo ello sin olvidar lo comentado sobre aquellos derechos de cobro que se hayan constituido con una garantía, ya sea personal o real, y que por tanto ostentan un mayor aseguramiento para el acreedor de que verá satisfechos aquéllos en debida forma.