El nuevo informe de la ONU sobre Comercio y Desarrollo destaca la importancia de tomar las decisiones adecuadas para evitar el colapso de la economía y el aumento de los impagos, la morosidad y la falta de liquidez.
Si algo ha traído el COVID-19 a nuestras vidas, además de todo lo que hemos aprendido estos meses, es la necesidad de abordar un replanteamiento mundial de la economía financiera.
La crisis económica mundial del año 2008 nos dejó unas serias lecciones sobre la fragilidad de lo que considerábamos el estado de bienestar y nos mostró una serie de lecciones que debemos tener en cuenta para superar esta crisis de la mejor forma.
El informe sobre Comercio y Desarrollo, que emite la ONU anualmente, cobra todavía más importancia este año, debido a la situación actual financiera generada por el COVID-19. La pandemia no solo ha puesto en jaque la salud de muchos ciudadanos, sino también ha dejado a muchos países en una profunda crisis económica.
Tal y como recoge el informe, «los datos correspondientes a los dos primeros trimestres de este año muestran que la producción se contrajo más bruscamente que en 2008-2009 y, en algunos casos, registró la caída más pronunciada de la que se tiene constancia. Las estimaciones para el año apuntan a una recesión mundial generalizada que coincide con la Gran Depresión de los años treinta».
Es probable que el próximo año se produzca un repunte. Sin embargo, será desigual dentro de los países y entre ellos, y la incertidumbre persistirá. El desempleo tendrá una tendencia al alza, cada vez más empresas se enfrentarán a la amenaza de la quiebra; las cadenas de suministro serán frágiles; la confianza se tambalea; la demanda será débil. Los niveles de deuda en todo el mundo, tanto en el sector público como en el privado, habrán aumentado considerablemente con respecto a los niveles históricamente elevados registrados antes de la crisis.
Estas amenazas son mayores en los países en desarrollo, donde la capacidad de responder a la crisis, tanto en el frente sanitario como en el económico, se ha visto obstaculizada por años de austeridad combinados con un servicio de la deuda masivo, altos niveles de informalidad y un espacio de políticas restringido por las normas que hemos elegido para gestionar la globalización.
Hasta la fecha, la comunidad internacional no ha correspondido a su expresión de preocupación con un apoyo y una acción proporcionales. El multilateralismo ya estaba bajo presión antes de la crisis, pero el Covid-19 ha puesto de relieve la necesidad de un debate franco y de propuestas audaces que estén a la altura de la ambición mostrada cuando se fundó el sistema mundial. En el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo de este año se sostiene que la crisis económica mundial provocada por el Covid-19 plantea una opción difícil: seguir adoptando decisiones de política equivocadas o trazar colectivamente un nuevo camino que conduzca de la recuperación a un mundo más resistente, más igualitario y más sostenible desde el punto de vista ambiental, en consonancia con la ambición de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030.
Dentro de este contexto, y teniendo en cuenta que los datos que podemos observar en nuestro país no son más alentadores que los que nos encontramos a nivel mundial, cabe deducir que los impagos judiciales, como la morosidad, aumentarán a lo largo de lo que queda de año y del próximo 2021.
Es en este momento cuando plataformas como el RIJ, se vuelven todavía más indispensables para poder registrar y controlar la reclamación de las deudas, controlando de una forma sencilla, ágil y cómoda, la lucha contra la morosidad judicial. el RIJ contribuye a hacer visible la deuda gestionada por los profesionales del derecho, que asciende actualmente al 80% de la deuda total en mora y que hasta la creación del RIJ permanecía oculta en sus despachos.
En el Registro de Impagados Judiciales se pueden reclamar deudas deudas ciertas, vencidas, exigibles, reconocidas en resolución judicial firme y con una antigüedad máxima de 5 años desde el vencimiento de la obligación si son relativas a personas físicas y de 10 años si son relativas a personas jurídicas o a otro ente sin personalidad. La información publicada en el sistema afectará a la capacidad crediticia, a la reputación empresarial del deudor y a sus criterios de Scoring y Rating.