La Ley Crea y Crece introduce una nueva y exigente obligación fiscal para empresarios y autónomos en España: la declaración inmediata de todas las facturas emitidas, incluyendo aquellas aún no cobradas. Esta medida, que se presenta como un avance en la lucha contra la morosidad, afecta a quienes facturan menos de 6 millones de euros al año, quienes ahora, deberán informar en tiempo real a la Agencia Tributaria de cada transacción.
Actualmente, los empresarios disponen de un margen de tres meses para declarar sus facturas. En ese tiempo, es posible omitir o posponer la declaración de facturas impagadas, una práctica que ayuda a mitigar las tensiones de tesorería. Sin embargo, esta reforma establece una fiscalización instantánea y mucho más estricta de las actividades empresariales.
Si bien las nuevas obligaciones fiscales están claramente definidas, la promesa legislativa de combatir la morosidad sigue siendo vaga. La reforma no parece tener un impacto directo en la recuperación de impagos, sino que realmente obliga a los empresarios a adelantar el IVA a la Agencia Tributaria incluso en el caso de facturas impagadas. Este aspecto introduce una “realidad paralela” en la que el peso financiero recae aún más sobre el empresario, sin ofrecer soluciones prácticas ante la morosidad real.
Este cambio podría generar tensiones de tesorería graves. Hoy en día, las empresas solo pueden recuperar el IVA de las facturas impagadas tras iniciar un proceso de reclamación judicial o notarial asumiendo dichos costes, es decir, que aunque solo sea para recuperar los impuestos que no te correspondía pagar, tienes que gastar nuevamente dinero.
En este nuevo escenario, el empresario estará obligado a declarar y tributar por todas las facturas en tiempo real, adelantar el IVA de aquellas no cobradas, y luego asumir el costo de una reclamación judicial o notarial para solicitar la devolución del IVA. Solo una vez que la Agencia Tributaria confirme la reclamación, podrá solicitar la deducción o devolución del IVA.
Conclusión: La nueva ley parece destinada a incrementar la tensión de tesorería de empresarios y autónomos y a optimizar la recaudación tributaria anticipada, más que a combatir la morosidad empresarial. Aunque se presenta como una ley de lucha contra la morosidad, se perfila más bien como una medida contra la morosidad tributaria, aumentando la presión sobre quienes ya afrontan los retos diarios de mantenerse con vida.
La única medida preventiva que podrán adoptar muchos empresarios será suscribirse a sistemas de información crediticia, que los ayuden a identificar potenciales impagos y a ejercer presión sobre los morosos en caso de impago con la idea de ganar tiempo y mejorar la tesorería. Contar con un sistema de apoyo, como el Registro de Impagados Judiciales de la Abogacía Española, será clave en este nuevo marco regulatorio, ya que permitirá a los empresarios proteger su liquidez y evitar situaciones de quiebra.
Estamos comprometidos en concienciar sobre los desafíos reales que enfrentan los empresarios en nuestro país.
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Enrique Zarza
Abogado
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